Veredicto Seis Millones Caso Ley ADA

Una trabajadora del Municipio de Aguadilla demandó en el tribunal federal al Municipio bajo la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (Americans With Disabilities Act o Ley ADA, siglas en inglés) y la contra-parte local Ley 44-1985; también reclamó que había sido víctima de represalias.  El tribunal celebró el juicio  en marzo de este año y  el jurado falló a favor de la reclamante.  Le  otorgó $3,000,000; cantidad que fue duplicada a $6,000,000 como requiere la ley local. El Municipio objetó el veredicto y el 26 de junio de 2015 el Tribunal lo redujo en un 90%- a 600,000.00. Véase,  Luz Gonzalez v Municipality of Aguadilla 3:13-cv-01132 (JAF).

Según el récord del caso, los problemas en el trabajo comenzaron cuando el Alcalde le notificó a la trabajadora que sería transferida al estadio municipal porque  los fondos del programa donde estaba destacada se habían agotado.  Siete días más tarde la empleada le envió una carta al Alcalde mediante abogado cuestionando el traslado porque entre otras cosas la condición del estadio era perjudicial a su salud dado que sufría de asma.   El alcalde le respondió pero no atendió el asunto de la salud.  Una vez en el estadio la empleada acudió el médico quejándose de problemas respiratorios y dolor de pecho.  Durante los 4 años y medio que trabajó en el estadio la trabajadora  fue expuesta a humo de cigarrillo, excremento de palomas, heces de gato, guano de murciélagos y desperdicio  que corrían debajo de los asientos y por el techo de su oficina. Esto se complicaba pues se usaba cloro y amoniaco en la limpieza, creando vapores tóxicos que complicaban el sistema pulmonar de la trabajadora.  Se deterioró su salud y cayó en depresión.

En más de nueve ocasiones la demandante presentó certificados médicos solicitando traslado del estadio y cartas del abogado requiriendo acomodo razonable.  Eventualmente el Municipio le ofreció un traslado pero a una posición que la reclamante consideraba era una degradación de puesto.   No está claro de la opinión del juez qué pasó luego pero lo cierto es que demandó  y el jurado le creyó que había sido discriminada, negada acomodo y objeto de represalias.  Con relación a esta última causal, el récord refleja que durante el periodo relevante ella fue sujeta a un patrón de antagonismo por compañeros de trabajo y disciplinada en varias ocasiones.

Aunque la trabajadora prevaleció bajo ley ADA, el tribunal entendió que -basado en la evidencia que desfiló- el veredicto era exagerado y excesivo y superaba con creces cualquier cantidad racional. Pesó en el tribunal que  no se presentó  evidencia de gastos médicos o prueba de que ella fuera en momento alguno a buscar tratamiento médico o psiquiátrico; que siempre devengó su salario y continuaba trabajando.  No había prueba de que su salud se siguiera complicando una vez fue trasladada.

El tribunal redujo la cantidad  otorgada por los daños físicos y/o deterioro de la salud  de $1.5 millones a $150,000.00 y  de 1.5 millones para compensar  por las angustias mentales a $150,000,00;  más una cantidad igual según requiere la ley 44 para un total de $600,000.  La demandante aceptó la reducción ante la alternativa de tener que ver todo el juicio de nuevo.

La ley ADA y la de Puerto Rico Núm. 44 -1985, según enmendada, requieren a los empleadores proveerle acomodo razonable a trabajadores (o candidatos a empleo) cualificados con impedimentos físicos, mentales o sensoriales. Acomodo razonable implica hacer ajustes en el  trabajo que le permitan a estas personas hacer las funciones esenciales de su puesto (o ser considerados para un puesto similar).

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