Tiempos para una nueva agencia

capitolioLa  administración pública en Puerto Rico nunca  sirvió a sus constituyentes. Se ocultó la carcoma institucional endeudando al país hasta la bancarrota.  Hoy sin crédito cada metía de pata sale a relucir; pero hay otro problema. La legislatura enfrenta estos retos con los mismos pensamientos que nos llevaron al embrollo.  !Sepulten ya el  petrificado baúl de soluciones y re-diseñen hoy un nuevo modelo de administración pública! ¿Hay otro mejor momento?

Mientras sigamos buscando resolver los problemas en las agencias con más leyes, comités, procedimientos e intromisión continua del gobierno central y la legislatura, veremos más inercia, ineptitud, lentitud e incumplimiento por parte de ellas. Para que se dé un cambio real,  tiene que surgir una transformación interna de la administración pública.  Las agencias y corporaciones del gobierno tienen que renovar dramáticamente la manera en que operan y se relacionan con el gobierno y la ciudadanía. Tiene que ser más independientes por un lado y por otro transparentes en su negocios; siempre vigiladas y rindiendo cuentas de su trabajo.  Esto incluye  romper  el estrecho vínculo entre los partidos y los empleados públicos que  continuamente se interpone ante la administración responsable.

Estamos estableciendo para el fracaso toda agencia cuyo personal de supervisión y junta directiva se selecciona y rota a base de su afiliación política y no por sus méritos profesionales.  Esta práctica – de toda una vida – la continúa el gobierno actual. Por ejemplo, entre los primeros proyectos que trabajó la legislatura actual estaban aquellos para enmendar  las principales corporaciones públicas. Los cambios incluían reestructurar sus juntas para que el gobernador pudiera hacer nuevos nombramientos; esto a pesar de que estas entidades fueron creadas para proteger la independencia  de los vaivenes políticos.  Así temprano en este cuatrienio se trabajó con las leyes de la Corporación del Fondo, AAA, Junta de Telecomunicaciones, UPR, ACAA, Centro de Convenciones, Puerto de Ponce, Autoridad de Carreteras, Administración de Terrenos, entre otras.   Acciones similares ha sido recurrentes en todas las administraciones.

Para el empleo público, el nuevo modelo debe incluir beneficios razonables que estén basados en la realidad económica imperante y con leyes laborales que estén a la par con las aplicables a la empresa privada. Por ejemplo,  es muy difícil disciplinar empleados públicos; incluso los más problemáticos.  No es casualidad que en la empresa privada, se desalienta reclutar empleados que vienen de este sector.

La gran cantidad de  beneficios y concesiones laborales revelan una cultura torcidamente ofuscada con el bienestar del empleado y su afiliación política.  El cliente ciudadano no es prioridad. Así no duran mucho los empleados que quieren hacer la diferencia. ¿Podemos exigir excelencia cuando en el lugar de trabajo se pasea impunemente la  mediocridad y la indisciplina?

He estado leyendo acerca del llamado ‘modelo’ de administración pública de Suecia, y aunque no existe el gobierno perfecto, el de dicho país tiene una serie de mecanismos para atacar directamente las deficiencias más obvias del gobierno de Puerto Rico.   Igual que ése debe haber otros modelos. Considero que no tenemos nada que perder reestructurado totalmente cada agencia.

¿Qué tal si en vez de una asamblea constitucional para el estatus tenemos una para definir el nuevo modelo de administración pública?  Esto es un asunto crítico.  Después de todo la administración pública ha sido  cómplice de la debacle y  no hay razón porqué continuar prolongándole su vida con remiendos legales.

Trabajar en el gobierno debe ser un privilegio para aquellos que se lo merezcan porqué en su vocación está el servicio no el servirse; porque  se destacan con una trayectoria probada y están dispuestos a servir a la ciudadanía con responsabilidad, orgullo y eficiencia.

En mi próximo artículo discutiré las características básicas del modelo de Suecia.

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