Enfermedad

En Puerto Rico un individuo acumula licencia por enfermedad en su trabajo a razón de un día por mes siempre que trabaje un mínimo de 115 horas al mes. La ley que regula la licencia por enfermedad es la Núm.  180 de julio 27 de 1998 y no aplica a empleados del gobierno (salvo instrumentalidades que operen como empresa privada).

El disfrute de la licencia  no excusa el cumplimiento de las normas de recursos humanos de la empresa  como asistencia, puntualidad, certificados médicos si la ausencia excede de dos días y reportes periódicos sobre el padecimiento del individuo.

Una persona bajo periodo probatorio acumula licencia como cualquier otro empleado y pueden utilizarla durante su período de prueba. La licencia por enfermedad no utilizada por la persona durante el año se podrá acumular durante años subsiguientes hasta un máximo de 15 días.

Para propósito de acumulación,  el uso de la licencia se entenderá como  hora trabajada y se pagará a base de una cantidad  no menor al salario por hora pagado durante el mes que se acumuló la licencia. En caso de un individuo con salario variable – como una comisión, el salario por hora se calculará dividiendo por 52 el total de comisiones e incentivos recibidos  durante el año.

Cuando la ley 180 se aprobó, se incluyó una disposición para manejar el sistema de decretos mandatorios bajo el cual se operaba en Puerto Rico.  Los decretos eran reglamentos que establecían los beneficios que le aplicaba al empleado dependiendo de la industria donde se encasillara al patrono.  Estos decretos eran revisados por una Junta de Salario Mínimo cada varios años.  El proceso incluía  estudios económicos, evaluaciones por comités y vistas públicas; entre otros procedimientos pesados y burocráticos. El sistema de beneficios por industria  se descontinuó pero permanecieron vigentes los decretos.

Como la tasa de acumular y el número de días acumulables  por enfermedad variaba según la industria, la Ley 180  determinó dejar las cosas como estaban en casos de industrias que estaban reglamentadas por decretos mandatorios que proveían menos días de licencia  o requerían un mayor número de horas  de trabajo para poder acumular. En estos casos, la ley instruyó al Departamento del Trabajo a que -  tomando en consideración la capacidad económica de cada industria- enmendara los decretos en el menos tiempo posible para  equiparar sus beneficios a la nueva ley.  Por otro lado,  empleados con tasas de acumulación más beneficiosas que las dispuestas en la nueva ley (aquellos que disfrutaban más días o los acumulaban en menos tiempo) continuarían disfrutando del beneficio superior durante el tiempo que permanecieran con el mismo patrono.