A pagar dos millones en caso represalias por edad

costos saludUn caso que se resolvió finalmente en el 2012 demuestra los caminos insospechados que toman las determinaciones  de despedir empleados; los riesgos  y los precios que se pagan (Dr. José Serrando v. Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, No. 08-1887, Tribunal Primer Circuito Federal, enero 26, 2012).

En el 1998 el Dr. José Serrano demando a su empleador Hospital Auxilio Mutuo y un grupo de doctores y oficiales de la organización alegando que el hospital había discriminado en su contra por razón de su edad.  En el 2004, un día luego que se le tomó su deposición en dicho caso, el hospital lo despidió. Serrano luego demandó al hospital en el tribunal federal alegando que había sido despedido en represalias por su demanda pendiente y su testimonio en la deposición.  Un jurado estuvo de acuerdo con Serrano y le otorgó casi $2 millones de dólares.  El caso fue al Tribunal Apelativo en Boston quien sostuvo la decisión.

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Además de prohibir el discrimen por edad, la ley federal  ADEA (Age Discriminationin Employment Act) le prohíbe a patronos tomar represalias contra un empleado que invoca la protección de dicha ley.

El despido del empleado fue la culminación de una conducta por parte de Serrano que el Director de la Junta del Hospital entendía demostraba constante satisfacción con los servicios que rendía el Hospital; que se oponía verbal y por escrito a todas las iniciativas del hospital.  En fin la Junta unánimemente decidió despedirlo ‘para no continuara poniendo en riesgo el hospital y lesionando sus mejores intereses’.

Aunque la junta tomó la decisión de despedir a Serrano tres semanas antes de su deposición en  caso que llevaba en contra del hospital; y ni siquiera sabía de la deposición, dio la casualidad que la notificación de despido se cursó el día después de la deposición lo que daba la impresión de que una cosa estaba relacionada con la otra.

Durante el litigio federal por represalias,  el hospital argumentó que la decisión de terminar a Serrano se había tomado antes de la deposición y que la demanda de 1998 era muy remota en tiempo para que se pudiera considerar como que era un factor de motivación en la decisión.

Sin abundar en los tecnicismos de cómo se prueba un caso de represalias, el Tribunal apelativo entendió que  un jurado pudo haber razonablemente inferido que Serrano había sido terminado por la conducta protegida (discrimen por edad).

El tribunal argumentó que independientemente de lo remoto o desconectado que estuviera el litigio y la deposición se había presentado otra prueba donde el jurado pudo haber apreciado que se le había tratado diferente, disciplinado por un asunto rutinario; infiriéndose que se le estaba  señalando en represalias.  Otro punto que trajo el tribunal fue que Serrano tenía una reputación impecable luego de dos décadas en el hospital y que a pesar de su trayectoria no se le había dado la oportunidad para defenderse; lo cual  sugería que su caso se había tratado diferente a lo usual.  También testificó el doctor que en 1998, antes que presentara la demanda una persona relacionada al hospital le había apercibido que si demandaba a la institución, no se le permitiría trabajar en la misma o cualquier hospital en Puerto Rico;  que luego de la demanda surgió un patrón de hostilidad y que cada mes las relaciones se fueron tornando cada vez más frías.

El tribunal apelativo entendió que la evidencia presentada era suficiente para permitirle a un jurado concluir que el doctor había sido víctima de represalias. Dicho de otra manera, es posible que no se hubiesen dado represalias; pero había evidencia suficiente para poder discrepar/pensar de otra manera y la manera que pensó el jurado fue la que favoreció al demandante.

El jurado le otorgó a Serrano $1,000,000 en daños compensatorios, $267,000 en paga retroactiva y $267,000 en daños líquidos.  Luego se le otorgó $250,000 en paga prospectiva y $139,000 en honorarios de abogados.

La Justicia no es lo justo; es la simple interacción entre lo que ocurrió (los hechos) y lo que transcurrió (el proceso judicial).  Este último componente es impredecible y riesgoso.  Al final no es el patrono o el empleado quien decide que ocurrió y por ende cuál es el remedio.  Esa decisión recae sobre un jurado o juez a base de lo que dijeron los testigos el día del juicio y los documentos que allí presentaron.

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