Agencia federal paga 4. 5 millones por caso frívolo hostigamiento en trabajo

A principios de este año una juez federal del distrito de Iowa desestimó un caso presentado por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC por sus siglas en Ingles) y le impuso a dicha agencia  la suma de 4.5 millones de dólares en honorarios de abogados por haber demandado sin suficiente evidencia para sustentar sus alegaciones de hostigamiento sexual.  La EEOC alegaba que la empresa de transporte CRST mantenía un ambiente hostil y permita como práctica o patrón el acoso sexual contra unas 270 mujeres.

La EEOC es la  oficina  que administra, interpreta e investiga el cumplimiento de las leyes federales de discriminación en el empleo.  Aunque  la EEOC opera en Puerto Rico, tiene un acuerdo con la Unidad Antidiscrimen para delegarle la administración de las principales leyes de discriminación en el trabajo (sexo,  color, raza, origen nacional, creencias religiosas, edad e impedimento).   La Unidad  es una dependencia del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y opera  bajo las leyes de Puerto Rico.

Volviendo al caso de CRST, el  tribunal de distrito desestimó las alegaciones por una variedad de razones – en su mayoría que la EEOC no había  proporcionado pruebas suficientes para que un jurado razonable podría inferir un patrón o práctica de tolerar el acoso sexual de los camioneros hacia las mujeres. La Juez del caso criticó la actuación de la EEOC indicando que  la agencia había abandonado su deber estatutario de conducir una investigación  sobre las alegaciones para adoptar una política de “demandar primero y preguntar después”.

Como este caso era uno de tipo “patrón o practica”, cuando se esfumó la alegación de que había un  patrón de conducta, solo   quedaron  alegaciones fragmentadas de distintas reclamantes sin una coherencia central o teoría común que las uniera y sin suficientes hechos para que permanecieran cada una  independientemente.

Para entender la imposición millonaria de honorarios  debemos conocer que -a diferencia de los tribunales y las leyes de Puerto Rico – en la corte federal frecuentemente se le imponen el pago de honorarios de abogados a la parte perdedora.  En este caso en particular,  uno  de los bufetes que defendió la empresa facturó un total de 18,000 horas a tarifas de  $151 a $825 la hora y  solicitaban $7,121,569.00  en honorarios.  La juez finalmente concedió los 4.5 millones y le añadió  92,000 en gastos.

Puede leer más del caso aquí.

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