Ley Laboral Puerto Rico: Despido Injustificado de Domesticos

Una ley laboral Puerto Rico que reglamenta el despido en Puerto Rico es la Ley 80-1976. En el caso Miguel Romero v. Agustin Cabrer, 2014 TSPR 115, el Tribunal Supremo valida la interpretación del Departamento del Trabajo de que la Ley Núm. 80, sobre despido injustificado incluye a empleados que trabajan para particulares en hogares (empleados domésticos). La esencia de la opinión de 25 páginas puede reducirse en tres párrafos.

 La Ley 80 “en su Art.1 dispone que aplicará a: (1) todo empleado de comercio, industria o cualquier otro negocio o sitio de empleo (2) que trabaje mediante remuneración de alguna clase (3) contratado sin tiempo determinado y (4) que haya sido despedido de su cargo sin justa causa. Por lo tanto aplica a empleados domésticos.

 Cuando el empleado doméstico se contrata por un término definido, entonces no aplica la ley 80 sino el Art. 1474 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4112; en cuyo caso “si el principal despide al empleado sujeto a estas condiciones, sin justa causa, debe indemnizarle pagándole el salario devengado y el de quince (15) días más”.

Tampoco aplicará la ley 80 si el reclamante realmente es un contratista independiente.  Para eso la persona tendría que trabajar como el jardinero que viene cada cierto tiempo a la casa; que tiene otros clientes, que no tiene que completar un horario, que llega hace su trabajo con poca o ninguna supervisión, etc.

 Nada nuevo trae esta opinión, pero el pleito sigue pues el Supremo indicó que no podía resolver la controversia dado que no tenía suficientes datos para decidir si era empleado o contratista. De manera que luego de haber comenzado en el foro primario, ir al Apelativo y luego al Tribunal Supremo ahora regresará nuevamente al foro primario para que el juez haga las determinaciones de hecho necesarias (y esos dato que necesita el Supremo difícilmente los pueda obtener sin ir a juicio) así que si las partes desean seguir pleiteando pues tendrán pleito para largo incluyendo una nueva sesión de recursos para ir al Apelativo y Supremo nuevamente.

 El caso se trata simplemente del despido de una persona. Se presentó bajo el proceso sumario.  Un procedimiento especial requiere que se atienda la reclamación de despido de manera acelerada. Aun así lleva tramitándose más de 3 años (algo no fuera de lo usual); situación que me trae  las siguientes interrogantes.

 ¿Qué tan eficiente se administra la justicia en términos de los recursos invertidos (por tribunales y partes) y los resultados obtenidos?

  ¿Hace falta que  el sistema judicial enfatice procesos y mecanismos  que agilicen y le den  finalidad a un conflicto?

 ¿Que tanto aporta la creación de un tribunal intermedio a esa celeridad, eficiencia y finalidad?

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