Demanda discriminación es de empleado no su cónyuge

En el caso  Cruz Roche v  de Jesus, del 23 de junio de 2011, el Tribunal Supremo de Puerto Rico trata sobre la discriminación en el empleo.  Específicamente  resolvió la controversia de si una persona favorecida por una sentencia judicial que le compensa económicamente bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 146 et seq., conocida como “Ley de Discrimen en el Empleo”. (Ley  100), por haber sufrido discriminación en el empleo, puede transar con su antiguo patrono por una cantidad inferior, sin el consentimiento de su ex cónyuge, y en el proceso afectar partidas que se reputan gananciales. La Ley 100 prohíbe la discriminación en el empleo por diversas razones como  edad, raza, color y sexo.

De Jesus, quien fue favorecida por la sentencia sobre discriminación  alegaba que por ser suya la reclamación,  bastaba su decisión para llegar un acuerdo con su antiguo patrono y no tenía que  consultar a su ex-marido Cruz Roche.

La reclamante alegaba que la compensación recibida por el caso de discriminación en el empleo incluía  partidas gananciales del salario dejado de devengar – por lo que ella debía buscar su consentimiento como co-administrador de la comunidad de bienes surgida entre ellos, para poder modificar la cantidad que le había sido otorgada.

Los esposos Cruz y de Jesús se casaron en 1996. En 1997, de Jesús fue despedida de su empleo en la empresa Whitehall-Robins Laboratories. A raíz del despido, De Jesús, el señor Cruz Roche y la sociedad de bienes gananciales compuesta por ambos demandaron a Whitehall-Robins Laboratories por discriminación al amparo de la Ley 100.

En el 2003, Cruz y de Jesús se divorciaron.  En la sentencia se recogieron los acuerdos respecto a cómo dividir los bienes adquiridos y las deudas contraídas durante el matrimonio. Nada se estableció, sobre cómo dividir la compensación económica que podría recaer a favor de De Jesús por el pleito de discriminación en el empleo que ella había incoado bajo la Ley  100.

La demanda contra Whitehall siguió su curso y al final el tribunal condenó la empresa a pagarle a de Jesús $736,000. La sentencia fue emitida el 21 de julio de 2003 cuando ya estaba disuelto el matrimonio e incluía $293,000 por lucro cesante y $75,000 por angustias mentales. Ambas partidas se duplicarían como penalidad por la discriminación, tal como lo contempla la Ley 100, para un total de $736,000.

Whitehall apeló la sentencia de discriminación y en el transcurso Colón –ya divorciada y con la custodia de dos hijos universitarios– decidió transigir con WHitehall y alcanzar un acuerdo que la compensara por $137,500 en la partida de lucro cesante. Colón no consultó o buscó el consentimiento de su ex cónyuge, Cruz Roche.

El supremo resolvió que, aunque haya una partida ganancial en la cifra global concedida como compensación bajo la Ley Núm. 100, la causa de acción continúa siendo personalísima mientras no haya una sentencia final y firme que concluya el pleito. El caso estaba aún en apelación.

El tribunal explicó  que  demandar por discriminación, litigar el caso, apelarlo o transarlo eran todas prerrogativas pertenecientes única y exclusivamente a la empleada afectada; quien tenía el derecho  para hacer con su caso lo que ella entendiera que le resultará más conveniente. Esto porque la Ley Núm. 100 se diseñó para proteger  a los empleados discriminados, no a sus familiares o parientes.  Como el caso no era final y firme debido que estaba en proceso de apelación, pues de Jesús podía tomar las decisiones que mejor entendiese sin consultar a Cruz.

El tribunal establece que  el empleado discriminado es “dueño y señor (o señora) de su caso. . . .Hasta que el caso concluya, no hay porción alguna – ni tan siquiera la ganancial – sobre la cual el cónyuge o ex cónyuge pueda tener una participación líquida y exigible”.

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