Fondo y Accidentes

Caso represalias cuesta empresa $100,0000+

Un Tribunal de Utuado condenó a una empresa a pagarle a un empleado $81,691.18 más 25% en honorarios, costas e interés legal ($20,000+=)  ; ello sin contar lo que el patrono habrá pagado por llevar un juicio y enfrentar dos apelaciones.   Rivera Menendez v. Action Service, Corp. 2012 TSPR 73 .

El reclamante se dedicaba a la limpieza de oficinas y alegaba que su patrono  lo había despedido  en represalias por haberse reportado al Fondo.  El patrono sostuvo que no era cierto y que  le había ofrecido empleo luego que fue  dado de alta   pero que el empleado no acudió a trabajar.

La ley que reglamenta las reclamaciones de represalias laborales en el campo privado es la Núm. 115 del 20 de diciembre de 1991, conocida como la Ley de Acción por Represalia del Patrono. Bajo esta ley el empleado puede probar su caso trayendo prueba que demuestre un nexo causal entre la conducta de su patrono y el daño sufrido.  Un ejemplo  hipotético de esta prueba  sería algo como decir en juicio- “Yo lo escuche cuando me dijo que por haber ido al Fondo le había causado un problema en la empresa  y que  ya no me quería aquí trabajando”.

Como no siempre hay evidencia directa (pues se requiere ser bien torpe para decir esto a un empleado) … los tribunales crearon un mecanismo que le facilita el proceso al reclamante permitiéndole como alternativa probar su caso con evidencia indirecta usando lo que se conoce como un “caso prima facie”.  Bajo este concepto, el reclamante presenta evidencia que demuestre que, “(1) participó en una actividad protegida por la Ley Núm. 115 (ir al Fondo es una actividad protegida); y (2) que fue subsiguientemente despedido, amenazado o discriminado en su contra por su patrono”.

Cuando el empleado prueba estas dos cosas  - que fue al Fondo (o al Departamento del Trabajo sería otro ejemplo) y el patrono toma acción adversa,   la ley automáticamente presume que la acción adversa fue en represalias. Aun así la ley le permite al patrono traer su versión de los hecho para refutar está presunción y explicar la razón por la cual  tomó esa acción.  En el caso de Action Service, la empresa trajo el testimonio de la directora de recursos humanos quien declaró que luego de que fuera dado de alta,  al empleado se le ofreció trabajo pero este no acudió.  El detalle es que el Tribunal no le creyó.

En los tribunales las cosas operan en otra dimensión y es algo crítico que las partes no consideran al momento de lanzarse a un proceso judicial. El juez no necesariamente le va a creer o ver su punto de vista.

Recuerde que cuando partes adversas van a un juicio es porque hay controversias que resolver- una parte dice una cosa y la otra dice otra. Para eso es el juicio- para  eliminar la controversia de hechos. Si no hubiera controversia no habría que celebrar un juicio y lo que cuenta más que nada es lo que  se dice ese día (y los documentos que el juez acepta para leer).

Luego de escuchar los testigos y leer los documentos en un juicio, la juez hará una determinación de qué fue lo que pasó y no necesariamente reflejará lo que realmente ocurrió y aún si concurre con usted  en cuanto a lo ocurrido puede que tenga la juez una interpretación distinta que cambie el resultado del caso.

Entiéndalo, al final, lo que va a decidir qué  pasó es la prueba que se presentó en la vista y la que creyó la juez.  En el caso Action Service, el “tribunal . . .no le brindó credibilidad a lo expuesto por [la directora de recursos humanos] en el sentido del ofrecimiento de empleo ya que no pudo armonizar su aseveración con la carta del señor Rivera Menéndez, admitida en evidencia, en la que solicitaba su reinstalación para el mismo tiempo. “

Pudo haber pasado que luego de la carta, el patrono llamó al reclamante para ofrecerle el trabajo y  el empleado no se presentó (y no tengo criterios para pensar así); pero mi punto es que  al final lo que pasó fue lo que el juez creyó a base de la evidencia que se presentó.

Desconozco como se manejó esta situación internamente más allá de la decisión judicial – pero me pregunto cómo hubiese cambiado el caso ante los ojos del juez la existencia de  una simple carta respondiendo la del empleado citándolo a reportarse a trabajar en determinada fecha. Claro, si no la hay no la hay; lo cual me trae a otro punto.

Los casos laborales dependen mucho de lo que pasó y lo que ya no se puede cambiar.  Gran parte del riesgo legal surge en el día a día operacional y se minimiza con consultas y asesoramiento preventivo y pro-activo.  Una vez está radicado el caso, el abogado tiene limitaciones en cuanto que puede hacer.

Si enfrenta  una demanda laboral, asegúrese de evaluar bien su caso.  Esto implica revisar la prueba, el riesgo y las probabilidades de prevalecer. El tribunal es un cuadrilátero incierto de muchos asaltos.

Tenga todos los elementos de juicio para que pueda decidir con la mayor certeza posible si:  (a) se sale   dolorido o (b) se queda hasta el final  arriesgando ser apaleado. Como dice el refrán, un  mal acuerdo siempre es mejor que un buen pleito.   Como pasa en muchas ocasiones, en este caso el Tribunal Apelativo revocó al de Utuado y el Supremo revocó el apelativo.  Al final el patrono – ante las altas y bajas del proceso-  pagó, pagó y pagó.

Camioneros ya pueden comprar poliza Fondo

La recién aprobada ley 77 de 27 de abril de 2012  enmienda el Artículo 2A de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 para crear una póliza de seguro  para” personas que dediquen a brindar servicios en la transportacion de carga mediante pago en las vías publicas de Puerto Rico,  incluyendo aquel que opere su camión transportando o cargando agregados y a los operadores que trabajan al por ciento como choferes arrendatarios transportando o cargando agregados”.

La ley dispone que :

“Esta póliza debe ser pagada por el propio camionero y le extiende la protección como empleado en todo caso que éste sufra un accidente del trabajo o enfermedad ocupacional, según se establece en esta Ley”.

“En el caso de aquella persona natural que es camionero de agregados cobijado bajo las disposiciones de la Ley Núm. 1 de 16 de mayo de 1972, según enmendada, que opera su propio camión o los operadores que trabajan al por ciento como choferes arrendatarios transportando o cargando agregados, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado expedirá, sujeto a la reglamentación que a tales fines promulgare y a solicitud de la parte interesada, una póliza de seguro obrero que le proporcionará una cubierta parcial para servicios médicos y de hospitalización, en caso de que éstos sufran un accidente, lesiones o una condición de salud en el curso y como consecuencia de su labor o trabajo, mediante el pago de la prima correspondiente.  No obstante lo anterior, el camionero de agregados o los operadores que trabajan al por ciento como choferes arrendatarios transportando o cargando agregados, tendrán la opción de acogerse a una póliza de seguro obrero con una cubierta de mayor protección, según sea ofrecida por la Corporación para las otras categorías de camioneros cubiertos por este Artículo.”

 

Entendiendo la Ley del Fondo del Seguro

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo ( administrada por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado) establece un esquema de seguro compulsorio mediante el cual los empleados que trabajan para patronos asegurados y que sufran lesiones, se inutilicen o pierdan la vida por accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo, son acreedores de los amplios remedios compensatorios que provee esta Ley. Los empleados tienen derecho a recibir los beneficios d independientemente de que se pueda demostrar que la lesión sobrevino por la negligencia de alguna persona. A cambio de esto, los patronos gozan de inmunidad con respecto a acciones de daños y perjuicios presentadas por el obrero afectado con relación a su lesión. Este quid pro quo es el eje central del esquema del seguro compulsorio. Hurtado v. Osuna, 138 D.P.R. 801 (1995).

Como parte del esquema referido, de ordinario la Ley no provee para que el obrero lesionado reembolse al Fondo los gastos de tratamiento médico y compensación en los que incurrió si el accidente está relacionado con el empleo. Le corresponde al Fondo asumir la responsabilidad de ofrecer tratamiento médico y compensar al obrero, según dispone la Ley sin derecho a reembolso alguno.  Sin embargo, cuando existe un tercero responsable de un accidente laboral, la Ley dispone un procedimiento mediante el cual el Fondo puede subrogarse en los derechos del obrero o de sus beneficiarios, y así poderle reclamar al tercero responsable los daños que compensó o los gastos en los que incurrió, relacionados al accidente de trabajo. Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 D.P.R. 403 (2000).

Supremo de Puerto Rico le pasa larga factura laboral a colegio

Recientemente el Tribunal Supremo resolvió el caso Whittenburg v. Iglesia Católica, 2011 TSPR 137.  En su decisión (incluyendo una disidente) de 100 paginas el Supremo emite una de las opiniones  más abarcadoras en años recientes.  Lo de abarcador no es porque se abra nuevo campo legal si no porque la opinión   trata sobre un empleado catalogado como contratista independiente y discute una amplia gama de temas  que están muy presentes en el diario vivir de las empresas de Puerto Rico- periodos probatorios, contratos temporeros, despido injustificado, Ley 80, Fondo, SINOT y ACAA.

El caso de Whittenburg  involucra a un maestro de una escuela que – aunque era empleado, lo tenían trabajando con un contrato de servicios profesionales que se vencía y se renovaba cada cierto tiempo. Durante sus vacaciones tuvo un accidente automovilístico.  Estaba en juego la reserva de empleo de ACAA dado que la empresa argumentaba que el maestro era un contratista independiente y no un empleado; a quien por cierto se le canceló su contrato.  Al final,  el Supremo resolvió que el contrato no era valido y que la verdadera relación era una de patrono-empleado a tiempo indeterminado; en otras palabras que era un empleado regular.

Hoy en día las empresa que  contratan a empleados como contratistas es porque se la está jugando o por una ignorancia inexcusable.  Digo  inexcusable porque  Puerto Rico tiene muchísimos profesionales capacitados para orientar a las empresas  en el campo laboral   (abogados en el campo  y cierto personal experimentado en recursos humanos).  Claro hay que pagar por ese servicio y  los buenos recursos cuestan pero a veces, por ahorrarse una peseta la empresa pierde un dólar.

El momento de llamar a su abogado laboral no es cuando lo emplazan;  es con tiempo- cuando le surgen dudas a la empresa y se puede trabajar de manera preventiva.  Así es que se evitan demandas que cuestan  y conllevan enormes riesgos monetarios. Con tanta reglamentación, las empresas deben tener un abogado con mucha experiencia en el campo laboral y de empleo que pueda evaluar la situación actual de la empresa y elabore recomendaciones para trabajar anticipando situaciones y poder consultar  cuando surjan situaciones delicadas.  La manera  más efectiva de evitar reclamaciones laborales es teniendo el asesoramiento de profesionales en el campo.

Cualquier abogado laboral experimentado le puede decir a una empresa en que circunstancias  un empleo probatorio es válido; cuándo se puede hacer un contrato temporero; como redactar estos contratos y que cosas hay que tomar en cuenta;  qué es un contratista independiente y como estructurar la relación para que sea realmente independiente; si es que se puede.  A pesar de estos recursos a su disposición,  muchas empresas seguirán contratando empleados con despreocupación; sus jefes pensando que son más listos que nadie o ilusos, usarán un contrato enlatado pensando que nada pasará; y seguirán lloviendo las demandas.

Presione el enlace para leer el caso Whittenburg.

Empleados de gobierno se enferman y accidentan un 100% más que en la industria privada

Según las estadísticas en Puerto Rico,  las lesiones y enfermedades registradas en todas las industrias, incluyendo el Gobierno estatal y municipal durante 2008 totalizaron 35,400.

El promedio en el sector privado  fue de  3.8  casos por cada 100 empleados a tiempo completo.   En el sector público, el Gobierno estatal registró una tasa de 7.5 lesiones y enfermedades ocupacionales por cada 100 empleados a tiempo completo, mientras que el Gobierno municipal registró una tasa de incidencia de 5.9 casos.  En ambos sectores, el promedio de días fuera fue de 22 salvo en el caso de empleados municipales cuyo promedio fue de 30 días.  Si mi suma no me falla esto equivale a 778,000 días de trabajo perdidos.

Proyecto para extender hasta 24 meses reserva empleo bajo Fondo

La representante C. Cruz presentó el 20 de mayo de 2010 un proyecto (P C2701) para  enmendar el Artículo 5-A de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada para permitir que en caso de accidentes graves  manejados por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y que requieran tratamientos prolongados, se extienda el término para solicitar reposición de empleo a  quince días luego de haber sido dado de alta, siempre y cuando no hayan transcurridos veinticuatro meses desde la fecha del accidente.

Que es el Fondo?


Este seguro lo paga la empresa en su totalidad a favor de sus empleados.   Totas las operaciones de  la empresa  deberá  ser  cubiertas  en una sola  póliza.  Las pólizas se extienden a base de la nómina total de las actividades del patrono según sus libros contables y registros de negocio.

El Fondo le provee a un empleado accidentado en el trabajo tratamiento médico y beneficios por incapacidad. A la empresa le ofrece inmunidad frente a posibles  demandas del empleado contra la empresa debido al accidente. Lo que significa que el derecho a obtener compensación del Fondo es el único  remedio que tiene un empleado contra su patrono.

Si un empleado se accidenta en el trabajo, tiene derecho de ir a obtener el tratamiento médico que ofrece la Corporación del Fondo del Seguro del Trabajo pero no puede demandar al patrono por ese accidente.  Por otra parte, si el patrono no está asegurado entonces la empresa puede ser demandada por el empleado  y ser responsable por todos los gastos médicos incurridos en el tratamiento del empleado.

La empresa debe mantener  un registro  que incluya el nombre, edad, sexo, la naturaleza del trabajo hecho y los salarios  pagados a cada uno de sus empleados. No más tarde del 20 de julio de cada año la empresa tiene que  presentar al Fondo un estado que indique el número de empleados, la clase de ocupación o industria y la cantidad de salarios pagados durante el año económico anterior; acompañando una suma equivalente a la prima que pagó el año anterior. Si la empresa no somete su declaración a tiempo, el se convierte en no asegurado y pierde toda su inmunidad y enfrenta el pago de los gastos médicos que haya incurrido o tenga que incurrir el Fondo en el tratamiento de un empleado accidentado.

Existen numerosos requisitos que si la empresa incumple se denomina no asegurada.  Es muy importante que la empresa los conozca y cumpla con ellos.