En la mesa nuevamente proyecto acoso laboral

arguing_cartoonDe aprobarse el proyecto de ley P.  del S. 744  sobre acoso laboral o mobbing, los empleados obtendrían una causa de acción contra sus patronos  por hostigamiento en general.  Sería una ley que prohibiría todo tipo de hostigamiento o acoso, fuese discriminatorio o no. La ley sería un  monumental dolor de cabeza para las empresas que cambiaría las reglas de juego en el lugar de trabajo. En un momento cuando los empleadores de este país luchan para mantenerse a flote, a la Senadora María de Lourdes Santiago se le ocurre la idea de revivir este tema- favorito de psicólogos – que lleva muchos años cocinándose en la legislatura pero nunca ha sido aprobado. Me parece que hoy más que nunca es una propuesta  anti-empresa y anti-empleo.   Se impulsa para tratar una ‘enfermedad’ que no es tan común como algunos quieren hacer creer y cuya ‘medicina’  tiene demasiados efectos secundarios.   Más aun ya tenemos suficientes mecanismos y leyes penales y civiles para atender a quienes atentan contra la dignidad de otros.

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Lamentablemente muchos de los propulsores de estas leyes ‘simpáticas’  no tiene la más mínima idea de cómo se administra una empresa y lo complicado y sensitivo que resulta manejar los asuntos laborales. Antes de lanzar este tipo de ladrillos a las empresas deberían saber que cuando le tiramos a un negocio trabas para operar,  ponemos en juego el empleo de los que dependen del mismo.  Debemos ser cuidadoso con el lenguaje de  nuevas leyes para que ofrezca una solución balanceada y que promueva no solo los derechos de los empleados particulares sino también sus obligaciones  y el bienestar de todos en el lugar de trabajo.

Actualmente se prohíbe el hostigamiento en el empleo por razones que la ley ha determinado proteger como el sexo, creencia religiosa, etc.  Este proyecto protegería el hostigamiento por cualquier razón sea o no discrimen bajo la ley; y es la perfecta herramienta para empleados inescrupulosos, problemáticos  y litigiosos que quieran formar líos en el trabajo y/o no estén de acuerdo con la forma que su supervisor los traten o con  las tareas que se impartan.  El proyecto tiene buenas intenciones pero es ingenuo y en las manos equivocadas es una peligrosa arma para tener en el trabajo.  Lo irónico de todo es que al tener una ley así es bien difícil salir de las manzanas podridas que envenenan el lugar de trabajo; aquellos que cuya conducta continuamente lesionan la paz de los demás empleados. Me explico.

Casi todos en algún momento  hemos tenido la experiencia en algún momento de tener que soportar compañeros de trabajo con  actitudes pobres.  Tal vez eran de boca suelta, conflictivos,  propensos a la discordia o obsesionados con controlar ciertos asuntos del trabajo, incluyendo a sus propios supervisores.   Pues vayan preparándose.   Son estas mismas personas las primeras que utilizarán esta ley para armarse aun más y demostrar- como siempre- que ellos tienen la razón  y todos los demás están mal y son los culpables.

El proyecto parte de la premisa que el acoso por lo general vendrá del supervisor y es el supervisor que le corresponde velar  por lo que ocurre; por ende la empresa responderá en casi todos los casos de acoso. La realidad es que el acoso puede venir del propio empleado hacia su supervisor.

Me viene a la mente un caso reciente de un decano de una escuela de negocios de  la universidad McMaster en Canadá que fue objeto de una fuerte presión  por un puñado de influyentes profesores que no lo querían en la escuela. Estos profesores entendían que el decano no tenía suficientes credenciales académicas y le hicieron la vida imposible por años.

La conducta de los facultativos  generó una  guerra interna que contaminó  el ambiente de trabajo de tal manera que la escuela se vio en un tranque donde prácticamente no se podía administrar a si misma y el decano terminó renunciando..   La escuela constituyó un tribunal interno (compuesto por tres catedráticos) para identificar que había pasado y fijar responsabilidades.  Al final,  se suspendieron de empleo y sueldo a 5 profesores  por tiempo extendido (años) y se degradaron de puesto (removiéndolos de posiciones de autoridad dentro de sus departamentos); prohibiéndoles  ejercer puestos de autoridad por cinco años.   Para estos profesores se les requirió además consejería y capacitación en las áreas de sensibilidad, hostigamiento y resolución de conflictos.   El decano fue encontrado libre de toda culpa.  A la Universidad se le instruyó a revisar sus políticas relacionadas y a mejorar y ampliar su programa de capacitación en el área de prevención de violencia y hostigamiento.

En este proceso interno de la universidad, se entrevistaron a 65 testigos, se presentaron 14,800 paginas de documentos a lo largo de 21 días de vista.  No me quiero imaginar el embrollo  legal y alto costo económico que hubiese sufrido la universidad  si todos los perjudicados- desde los profesores, empleados afectados y el decano hubiesen demandado bajo esta ley.  Serían múltiples procesos administrativos y legales discurriendo paralelamente; todo ello complicado por demandantes y demandados que tendrían que verse la cara todos los días en el trabajo.  Una larga y tediosa pesadilla administrativa sin considerar que muchos de estas personas pudieran reportarse al Fondo para tratamiento y dado que la propuesta ley eliminaría  la inmunidad patronal,  tal vez  el Fondo pudiera enviarle  una larga factura al patrono  para recobrar todos los gastos médicos que hubiere incurrido en el tratamiento de estos empleados.

Los Proyectos de ley deben ser mas creativos y proveer mejores soluciones.  Siempre es lo mismo- el remedio de la demanda y el pago de multas. Los abogados que se enfocan en demandar empresas deben estar bien entusiasmados con este nuevo invento. Seguro que hablaran mucho de los derechos de los obreros, etc.  La realidad es que  las demandas laborales en los tribunales de justicia muy pocas veces ayudan a resolver una situación interna.  Mayormente se trata de obtener dinero de la empresa.  Claro luego que viene un cantazo millonario, se toman medidas cautelares para evitar otra reclamación similar pero el enfoque es mayormente  legal.

El proyecto de ley define el acoso como:

 aquella conducta abusiva verbal, escrita o física de forma reiterada por parte del patrono, sus agentes, supervisores o empleados, ajena a los legítimos intereses de la empresa del patrono, no deseada por la persona, que atenta contra sus derechos constitucionales protegidos, tales como:  la inviolabilidad de la dignidad de la persona, la protección contra ataques abusivos a su honra, su reputación y su vida privada o familiar, y la protección del trabajador contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo.  Esta conducta de acoso laboral crea un entorno de trabajo intimidante, humillante, hostil u ofensivo, no apto para que la persona pueda ejecutar sus funciones o tareas de forma normal.

Y que tiene el efecto o propósito de:

a)      Subvertir de forma implícita o explícita  los términos o condiciones del empleo de una persona; o

b)      Condicionar al sometimiento o rechazo de dicha conducta por parte de la persona, la aplicación de los fundamentos o criterios para la toma de decisiones en el empleo o respecto del empleo que afectan a esa persona; o

c)       Interferir de manera irrazonable con el desempeño del trabajo de la persona, su salud física o emocional, su estabilidad o seguridad en el empleo, su progreso profesional y/o salarial y la paz o sosiego de la persona y su entorno familiar.

 La responsabilidad hacia el patrono es sumamente abarcadora y contundente y:

  • Será responsable de incurrir en acoso laboral por sus actuaciones y las actuaciones de sus agentes o supervisores, independientemente, de si los actos específicos objeto de controversia fueron autorizados o prohibidos por el patrono e independientemente de si el patrono sabía o debía estar enterado de dicha conducta. 
  • Será responsable será responsable por los actos de acoso laboral entre empleados, en el lugar de trabajo, si el patrono o sus agentes o sus supervisores sabían o debían estar enterados de dicha conducta, a menos que el patrono pruebe que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación.
  • Será responsable de los actos de acoso laboral hacia sus empleados en el lugar de trabajo, por parte de personas no empleadas por él, si el patrono o sus agentes o sus supervisores sabían o debían de estar enterados de dicha conducta y no tomaron una acción inmediata y apropiada para corregir la situación.  A los fines de aplicar este inciso, se considerará el alcance del control del patrono y cualquiera otra responsabilidad legal que el patrono pueda tener respecto a la conducta de personas no empleadas por él.
  • Será responsable bajo las disposiciones de esta ley cuando realice cualquier acto que tenga  el resultado de afectar adversamente las oportunidades, términos y condiciones de empleo de cualquier persona que se haya opuesto a las prácticas del patrono que sean contrarias a las disposiciones de esta ley, o que haya radicado una querella o demanda, haya testificado, colaborado o de cualquier manera haya participado en una investigación, procedimiento o vista que se inste al amparo de esta ley.

 La definición de ‘supervisor’ es igualmente amplia y abarcadora.  Se consideraría supervisor  cualquier persona que:

 Ejerce algún control dentro de la relación patrono- empleado y cuya recomendación sea considerada para la contratación, clasificación, despido, ascenso, traslado, fijación de compensación o sobre el horario, lugar o condiciones de trabajo o sobre tareas o funciones que desempeña o pueda desempeñar un empleado o grupo de empleados o sobre cualesquiera otros términos o condiciones de empleo, cualquier persona que día a día lleve a cabo tareas de supervisión.

La ley le otorgaría  hasta 3 años al empleado para reclamarle al patrono sobre la conducta de acoso laboral  (el triple de tiempo que provee actualmente la ley 100 que prohíbe el discrimen en el empleo en Puerto Rico) y puede acudir además  a solicitar un injunction para que el tribunal dictase una orden de cese y desista  y le impusiera al patrono el doble de los daños sufridos que nunca serían menos de  $3,000  mas 25% en honorarios de abogados.

 Se me ocurren un sinnúmero de escenarios  que pudiesen pasar, ninguno de los cuales sería alentador para la empresa manejar.  Aquí les traigo dos

  1. Un empleado en periodo probatorio no está rindiendo un buen trabajo; El supervisor pierde la paciencia cuando se pierden dos clientes y le habla fuerte al trabajador y al final se le zafa un ‘carajo’.  El empleado se siente ofendido porque le alzaron la voz y demanda en el tribunal por acoso laboral (conducta abusiva verbal, interferir con su salud física).   El patrono está ahora maniatado.  Si lo despide se arriesga a que lo demanden por la ley de represalias y por esta misma ley en su modalidad de represalias.  Si se queda con el empleado, se crea una atmósfera contaminante; y si el empleado es conflictivo se convertiría en un pequeño Napoleón haciendo y desasiendo sin que nadie quiera tocar ni con una vara de 10 pies.
  2. Hay dos empleados que no se llevan; cada cual le trae quejas al supervisor sobre la conducta del otro.  Un día ambos tienen una discusión acalorada.  El supervisor los reúne unos días más tarde y habla con ellos para tratar de resolver el asunto.  Al final les advierte que tienen que aprender a trabajar juntos porque de lo contrario no  podrán seguir trabajando en la empresa.  Las fricciones continúan.  Uno renuncia y el otro se queda.  Ambos demandan por acoso laboral y responsabilizan a la empresa porque el patrono sabía de dicha conducta y no tomo acción inmediata y apropiada para corregir la situación.

 Podrán esto escenarios lucir fantasiosos pero serían demandas perfectamente validas si este proyecto se convirtiera en ley.   Créanme que demandas más frívolas  se ven continuamente en   los tribunales.

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