Fuerzan colegiarse abogados

capitolioMientras la profesión legal atraviesa por un difícil momento -que se resume en  mucho abogado y poco trabajo- el gobernador aprueba la colegiación obligatoria. Esto hará mas costoso y tedioso la practica de la profesión.

La ley es el ejemplo más reciente de un gobierno que escoge obstaculizar y cargar la actividad económica privada con tal de perpetuar el mediocre pasado histórico de la administración pública- el de mucho hablar y poco hacer, de mucha burocracia, de enchufar las agencias con activistas políticos, de olvidarse del ciudadano mientras derrochan el dinero en salarios injustificados y malas inversiones.

Ahora todos los abogados tendrán que subvencionar de su bolsillo $250.00 anuales (so pena de sanciones y sujeto a aumentos de hasta 10% anual) a una organización que históricamente se ha enfocado más en si misma que en el abogado. No era necesario.   No hay un interés legitimo del gobierno para seguir apretando y  vigilando al abogado.

A diferencia de otros colegios,  los abogados ya tienen otros cuerpos regidores como  el Tribunal Supremo de Puerto Rico (que es el único cuerpo que puede desaforar a un abogado) y la Oficina de Inspección de Notarias.  Solo tenemos que mirar a otros estados incluyendo Indiana, Maine, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Colorado, Kansas, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, New Jersey, Minnesota, Iowa, Illinois y a Nueva York donde con 163,000 abogados no existe la colegiación forzada; y a propósito el costo anual de ser abogado allá es menor que lo que será ahora en Puerto Rico.

Hoy mismo- 28 de julio de 2014- dos abogados presentaron una demanda de injunction en el Tribunal Superior de San Juan- SJ2014CV00145 basado en que esta ley entre otras cosa viola con el derecho constitucional a la libre asociación de los abogados.

Todos sabemos que esta ley es un asunto político facturado a cada abogado. Para intentar enmascarar sus intenciones, la  ley – en su exposición de motivos – nos hace un gran cuento cargado de demagogia que comienza en la Guerra Hispanoamericana.  Así mismo. El gobierno que se aferra al pasado nos relata una historia tal larga que nos remonta al tiempo que eramos súbditos de la corona española.  Nos menciona todos los fundamentos habidos y por haber para explicar por qué hay que hacer lo que sea para subsidiar al Colegio.

Lo absurdo de esta ley- y aquí el gran paralelo con la manera que opera este y todos los gobiernos que han gobernado a Puerto Rico- es que se olvida a quien sirve para justificar cómo auto-servirse. En ningún sitio de la exposición de motivos de la ley se mencionan los derechos de los  abogados.  La ley  no le interesa proteger o ayudar al abogado en  faceta alguna de su practica; particularmente en estos momentos críticos. Solo se habla de Colegio, de lo importante que es y de lo necesario que es para vigilar a los abogados.

Esta ley polariza  la clase togada.   También sienta la tónica para que,  ese liderato afín que se auto-genera en el Colegio,  siga como siempre- absorto en su agenda político-social.